El próximo miércoles 1 de Julio entra en vigor la segunda prórroga de los ERTE hasta el 30 de Septiembre.
Las empresas que abandonen los ERTE de fuerza mayor podrán acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo ordinarios por causas económicas y operativas (ETOP) pero con beneficios en las cotizaciones.
Estos beneficios, para las empresas con menos de 50 trabajadores que estén sujetas ahora a ERTEs de fuerza mayor parcial (con parte de su plantilla reincorporados a su puesto) y los ETOP, las exoneraciones llegan al 60% por los trabajadores en activo y el 35% por los que permanezcan en el ERTE.
Para las empresas de más de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 40% por cada trabajador reactivado desde la suspensión y del 25% por el que siguiera en el ERTE.
Sí que cabe la posibilidad de volver a los ERTE de fuerza mayor total. En los casos de empresas y trabajadores que por la situación de su negocio no puedan volver a activarse o de que se produzca un rebrote de la enfermedad que obligue a restringir la movilidad o al confinamiento.
A partir del 1 de Julio, las empresas que están en ERTE de fuerza mayor irán pasando a ERTE de fuerza mayor parcial y, desde aquí a ERTE por causas operativas.
Se mantendrá el cobro de las prestaciones por desempleo. En los próximos tres meses los trabajadores que cobran por estar incluidos en un ERTE relacionado con la situación creada por el coronavirus puedan mantener el cobro de prestaciones de desempleo sin que pierdan derecho a cobro posterior si finalmente resultan despedidos.
Sin embargo, las empresas que estén acogidas a los ERTEs, no podrán contratar más personal. Se prohíbe a las empresas la contratación antes de reactivar a sus trabajadores en ERTE así como la realización de horas extraordinarias, el establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad y la concertación de nuevos contratos.
Por su parte, se mantiene la prórroga de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Sin embargo, en este punto, el RDLy 24/2020 es un poco ambiguo en cuanto a la tramitación, teniendo que ser pacientes y esperar al contacto directo con mutuas y entidades gestoras para determinar el sistema de funcionamiento para que esta prestación siga siendo reconocida.