Cuestión interesante la planteada en la resolución V1983-20 de la Dirección General de Tributos, en relación con la residencia fiscal, y la situación actual de limitación de movilidad como consecuencia del COVID-19.

En este caso, un matrimonio de residentes fiscales en Líbano, que vinieron en enero de 2020 a España para una estancia de 3 meses, ven que a raíz del estado de alarma decretado por el COVID-19, se iban a ver obligados a permanecer en España un periodo superior a 6 meses, por el que en un principio se tendría que entender que al menos en lo que se refiere al 2020, serían residentes en España a los efectos del IRPF.

Ante dicha eventualidad, antes de que transcurriera el plazo, se planteó la consulta a la Dirección General de Tributos.

La importancia de los 6 meses de permanencia nos la da la normativa a nivel nacional a través del art. 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en adelante LIRPF, (o en su equivalente a nivel autonómico en el art. 3 de la Norma Foral 13/2013, del IRPF de Bizkaia; mismo número de la Norma Foral 13/2014, de 17 de Enero de Gipuzkoa; e idem, de la Normal Foral 33/2013, de 27 de Noviembre de Araba).

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El próximo miércoles 1 de Julio entra en vigor la segunda prórroga de los ERTE hasta el 30 de Septiembre.

Las empresas que abandonen los ERTE de fuerza mayor podrán acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo ordinarios por causas económicas y operativas (ETOP) pero con beneficios en las cotizaciones.

Estos beneficios, para las empresas con menos de 50 trabajadores que estén sujetas ahora a ERTEs de fuerza mayor parcial (con parte de su plantilla reincorporados a su puesto) y los ETOP, las exoneraciones llegan al 60% por los trabajadores en activo y el 35% por los que permanezcan en el ERTE.

Para las empresas de más de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 40% por cada trabajador reactivado desde la suspensión y del 25% por el que siguiera en el ERTE.

Sí que cabe la posibilidad de volver a los ERTE de fuerza mayor total. En los casos de empresas y trabajadores que por la situación de su negocio no puedan volver a activarse o de que se produzca un rebrote de la enfermedad que obligue a restringir la movilidad o al confinamiento.

A partir del 1 de Julio, las empresas que están en ERTE de fuerza mayor irán pasando a ERTE de fuerza mayor parcial y, desde aquí a ERTE por causas operativas.

Se mantendrá el cobro de las prestaciones por desempleo. En los próximos tres meses los trabajadores que cobran por estar incluidos en un ERTE relacionado con la situación creada por el coronavirus puedan mantener el cobro de prestaciones de desempleo sin que pierdan derecho a cobro posterior si finalmente resultan despedidos.

Sin embargo, las empresas que estén acogidas a los ERTEs, no podrán contratar más personal. Se prohíbe a las empresas la contratación antes de reactivar a sus trabajadores en ERTE así como la realización de horas extraordinarias, el establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad y la concertación de nuevos contratos.

Por su parte, se mantiene la prórroga de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Sin embargo, en este punto, el RDLy 24/2020 es un poco ambiguo en cuanto a la tramitación, teniendo que ser pacientes y esperar al contacto directo con mutuas y entidades gestoras para determinar el sistema de funcionamiento para que esta prestación siga siendo reconocida.

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